La confianza de la ciudadanía en sus instituciones es un valor público sobre el que se asienta la legitimidad institucional. En este sentido, el comportamiento de los servidores públicos resulta clave a la hora de consolidar o deteriorar la imagen que la ciudadanía tiene de sus instituciones. La densidad normativa del Estado suele ser extensa en las administraciones públicas, mientras que los espacios de “autorregulación” suelen ser escasos en países de tradición legal romana.

En el campo de la ética institucional de carácter público, la pertenencia de un servidor público a una determinada institución le obliga no solo a cumplir con las normas jurídicas del propio ordenamiento, sino también a adecuar sus conductas a un conjunto de valores y principios que son de necesario cumplimiento dada la posición que ocupa y las funciones que desarrolla.

Desde ACTUE Colombia se apoyó a Función Pública en el desarrollo de herramientas para la construcción de códigos de integridad y buen gobierno adaptados a las entidades públicas del Estado colombiano, con el propósito de consolidar una cultura de integridad pública que logre aumentar la confianza de los ciudadanos en el Estado.

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